Santa Marta, Colombia 30.04.2026
La primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles se llevó a cabo del 24 al 26 de abril de 2026 en Santa Marta, Colombia. Durante seis días, representantes de 57 países buscaron definir una hoja de ruta para una salida ordenada de la dependencia económica de los hidrocarburos.
A diferencia de los foros técnicos de la ONU, este encuentro se centró en identificar barreras políticas y soluciones prácticas para la transición. Sin embargo, el proceso enfrentó tensiones entre visiones tecnocráticas y propuestas de transformación socioecológica profunda.
Organizaciones como FARN destacaron la necesidad de concebir la energía como un derecho humano fundamental y no como una mercancía. Un punto crítico fue la denuncia sobre la falta de participación genuina en los segmentos oficiales de alto nivel de la cumbre. Estos espacios fueron descritos como restrictivos, limitando la incidencia efectiva de la sociedad civil y los movimientos sociales.
En respuesta, el gobierno colombiano apoyó espacios autogestionados como la Cumbre de los Pueblos por un Futuro sin Combustibles Fósiles. Este foro paralelo reunió a más de 900 organizaciones de diversas regiones para articular demandas desde los territorios.
La Cumbre de los Pueblos produjo una “Declaración Popular” que exige abordar las desigualdades históricas del Norte Global. El documento subraya que la transición debe ser equitativa y evitar la reproducción de modelos de exclusión y extractivismo.
Desde FARN se enfatizó la urgencia de cambios estructurales que reconozcan la deuda ecológica y climática histórica. Hubo un fuerte rechazo a las “falsas soluciones” que priorizan la tecnología sin cuestionar el modelo de consumo actual. Se advirtió que la expansión de renovables no debe ignorar la biodiversidad ni los derechos de los pueblos indígenas.
Especial atención recibió la extracción de “minerales críticos” como el litio, el cobre y el níquel, necesarios para la transición. Se denunció que muchos de estos minerales se desvían actualmente hacia la industria bélica, vinculando el fósil con el militarismo. La declaración también exige la auditoría y cancelación de deudas financieras que presionan a los países a extraer más hidrocarburos. Estas deudas reducen el espacio fiscal necesario para invertir en salud, educación y tecnologías ambientales limpias. En términos jurídicos, se reclamó la protección de defensores ambientales y el pleno cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
También se instó a los países a abandonar los sistemas de arbitraje internacional que limitan la soberanía sobre los bienes comunes.
En el caso argentino, FARN alertó sobre retrocesos normativos como las reformas a la Ley de Glaciares y el régimen RIGI. La conferencia oficial concluyó con un comunicado que reconoce las barreras fiscales y la necesidad de cooperación internacional. A pesar de la voluntad política expresada, persisten ambigüedades sobre los plazos concretos para el fin de los nuevos proyectos fósiles.
El enfoque de la cumbre marcó un cambio relevante hacia la implementación práctica antes que hacia la diplomacia endogámica. Se reafirmó que la transición no es meramente tecnológica, sino un desafío económico y político que requiere planificación estratégica. Uno de los hitos finales fue la decisión de dar continuidad a este proceso con una segunda conferencia en Tuvalu en 2027. La elección de Tuvalu es simbólica, al ser una de las naciones más vulnerables ante el aumento del nivel del mar.
Este próximo encuentro buscará consolidar una plataforma de incidencia colectiva en la gobernanza ambiental global. La sociedad civil advirtió que los compromisos de Santa Marta deben traducirse en metas y plazos concretos y vinculantes. Finalmente, se destacó que la transición justa debe garantizar el acceso universal a energía limpia, asequible y segura.
